Nota de tapa / Edición Impresa
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beneficios al mayor aportante privado de la campaña k

Favor con favor se paga

A Néstor Otero, principal aportante privado a la campaña presidencial, le renovaron la concesión de la Terminal de Retiro hasta 2015, le perdonaron las multas y le bajaron el canon.

Mauro Federico
17.05.2008

Terminal. El dueño de Retiro brinda servicios deficitarios y no paga canon, según un informe lapidario de la AGN.

Se llama Néstor Otero. Controla la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires por donde pasan entre 50 y 100 mil pasajeros cada día. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), esta empresa adeuda al Estado más de 50 millones de pesos en concepto de canon y el servicio que presta es deficiente. “La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no sancionó los incumplimientos a pesar de las reiteradas comunicaciones”, revela el documento del organismo de control. Sin embargo, la Secretaría de Transporte prorrogó la concesión hasta septiembre de 2015 –cuatro años despues de que finalice el mandato del actual Gobierno– y redujo el canon que debe abonar a una cuarta parte. La gestión k también benefició al empresario con el gerenciamiento de la nueva terminal de pasajeros ferroautomotora de Mar del Plata, una obra varias veces anunciada y aún no concretada. La generosidad es recíproca. Otero fue el particular que más dinero aportó a la campaña presidencial de Cristina Fernández: 150 mil pesos.

EL INFORME. Fechado el 15 de abril de 2008, el informe 48/2008 de la AGN –que lleva la firma de su presidente Leandro Despouy y de los seis auditores generales– pone en la mira la relación contractual entre el Estado nacional y TEBA S.A. para la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Además, el texto señala serias objeciones a las tareas de control que debió realizar la CNRT. El contrato originario se firmó en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, y preveía una vigencia de doce años, período durante el cual la empresa podía explotar la administración del servicio a cambio del pago de un canon que ascendía a 411.725 dólares mensuales. Según detectó la AGN, durante los primeros cuatro años de concesión se produjeron reiterados incumplimientos por parte de la empresa referidos, en especial, al vencimiento de los plazos en la entrega de las obras comprometidas por el concesionario y a los atrasos en el pago del canon mensual a abonarse al Estado. Al momento de la renegociación, en noviembre de 2005, la Secretaría de Transporte fue instruída para proponer modificaciones al contrato de concesión, previa verificación de las irregularidades denunciadas. A fines de 2006, con la firma de Ricardo Jaime, en representación del Estado y de Néstor Otero como titular de TEBA S.A. se extendió la relación contractual hasta septiembre de 2015, pero sin atender los señalamientos del organismo de control. “La ampliación del plazo de la concesión plasmado en la renegociación desconoció la larga lista de incumplimientos verificados por la AGN en numerosos informes, muchos de los cuales no han sido sancionados como correspondía por parte de la CNRT”, explicó Despouy en diálogo con Crítica de la Argentina.

El nuevo contrato incluyó un plan de “obras y mejoras” que debían ejecutarse en tres etapas, de entre 3 y 18 meses. Pero transcurrido ese plazo, la mayoría de las obras no están hechas. Entre ellas, la ampliación de la calle elevada para taxis y pasajeros; la instalación de cuatro ascensores en los sectores B,C,D y E; la colocación de 100 monitores para informar arribos y partidas en el hall y sector de embarques; la construcción de un sector para servicios internacionales; una sala de espera; una confitería; un quiosco; baños exclusivos y oficinas para Migraciones; ampliación del área destinada al estacionamiento de los micros en terrenos linderos. La auditoría señaló además “reiterados incumplimientos en la prestación de servicios de vigilancia y control en el ámbito de las paradas de taxímetros habilitadas”; “la ausencia de un servicio de carros y maleteros”, tal como se exigió contractualmente; la “inexistencia de baños rentados, guardería infantil, correos y casa de cambio, como así también de la totalidad de las prestaciones especificadas para las estaciones de servicio”; los “excesos de precios en el rubro de kiosco, bares y confiterías, que resultan sustancialmente superiores en relación con los de plaza, con diferencias que van desde el 16% hasta el 85%” y las “dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas con movilidad reducida que presenta el edificio de la terminal”.

PREMIOS AL INCUMPLIMIENTO. A pesar de las falencias apuntadas en el informe, el Gobierno no sólo evitó sancionar a TEBA sino que además la premió reduciéndole el canon mensual: de 411.725 pesos a 100.000 pesos. Para la AGN, “estas rebajas no tienen suficiente sustento” ya que la empresa “no cumple con el pago del importe correspondiente al canon mensual que debía abonar en virtud del contrato de concesión, registrando según la CNRT una deuda de $23.806.365,81 en concepto de capital y $18.478.518,22 por intereses financieros y punitorios”. El informe cuestionó también el rol de la comisión de regulación del transporte, que –según la AGN– “no ha sancionado los incumplimientos verificados oportunamente”.

Los diputados Silvana Giúdici, Oscar Aguad, Miguel Ángel Giubergia y Alejandro Nieva presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas sobre la renegociación del contrato con TEBA. Aún aguardan respuesta de la Secretaría de Transporte. “Pero es la rutina, jamás contestan”, asevera Giudice.

Boleto de ida a Mar del Plata

En agosto de 2004, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, anunció la construcción de la nueva estación ferroautomotora para Mar del Plata, con un costo a cargo del Estado nacional de 170 millones de pesos. Recién a fines de 2006, el Gobierno anunció que la beneficiada sería la UTE, integrada por Néstor Otero y el grupo Emepa-Ferrovías. En ese momento se anunció que la obra –que debería comenzar en febrero de 2007– demandaría 18 meses. En otras palabras: debería estar inaugurándose en septiembre de este año. Sin embargo, los trabajos nunca comenzaron. Entre los motivos que se argumentaron figuró que el predio estaba ocupado por varias familias –ya relocalizadas– y que el municipio tiene intención de preservar el patrimonio arquitectónico del lugar. Allanados ambos escollos, Otero se apresta para iniciar una nueva etapa de su exitosa vida empresarial abrigada al calor de las concesiones públicas otorgadas por los gobiernos de turno.
Jueves 29 de noviembre
Año VIII | Edición Nº781






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